Novedades sobre Cláusula suelo

Novedades sobre Cláusula suelo

A partir del día 22 de febrero de 2017, las Entidades bancarias están obligadas a tener operativo un procedimiento ágil de resolución de las reclamaciones previas que los afectados por cláusulas suelo en préstamos o créditos hipotecarios les presenten al objeto de que les reintegren los importes satisfechos de más en concepto de intereses.

Con independencia de la problemática que pueda suscitarse sobre la transparencia u opacidad de la redacción de una cláusula suelo –que, de por sí, no tiene que ser abusiva-, lo probable es que donde verdaderamente se van a producir desencuentros vaya a ser en la cuantificación de las liquidaciones que han de practicarse.

Por ello resulta imprescindible conocer y asesorarse, por una parte, sobre la existencia de una cláusula suelo abusiva y, por otra, de la exacta cuantía del importe a devolver por la entidad financiera.

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El Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, tiene por objeto favorecer la devolución a los consumidores por parte de las entidades financieras de los intereses percibidos de más, como consecuencia de la aplicación indebida de las cláusulas suelo.

Se trata, en suma, de evitar que se produzca un aumento de los litigios que tendrían que ser afrontados por la jurisdicción civil, con un elevado coste a la Administración de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duración de los litigios.

De esta forma, se crea un instrumento que les permita a los consumidores obtener una rápida respuesta a sus reclamaciones.

Sin embargo, los formularios y las instrucciones que los Bancos están poniendo a disposición de sus clientes no parecen facilitar la rápida recuperación de los intereses indebidamente pagados y no sería exagerado aventurar un volumen importante de litigios judiciales, con todos los inconvenientes que conlleva para los particulares afectados.

Por ello, el previo asesoramiento sobre la existencia de una cláusula suelo abusiva y, en especial, del exacto importe a reclamar, resulta absolutamente fundamental si no queremos vernos inmersos en costosos y largos procedimientos judiciales, echando por tierra así el objetivo y la finalidad del citado Real Decreto-Ley.